El Real Decreto 764/2026, de 30 de septiembre, regula la estructura, el contenido y la gestión del Registro de Producción y Gestión de Residuos, desarrollando lo previsto en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El Registro tiene carácter único para todo el territorio nacional y será compartido por todas las administraciones competentes en materia de residuos. Su finalidad es integrar la información relativa a las autorizaciones y comunicaciones previas asociadas a la producción y gestión de residuos, mejorar la trazabilidad de los residuos y facilitar el intercambio de información entre administraciones y operadores.

El Real Decreto define una estructura común basada en tres niveles jerarquizados:

• Entidad, identificada mediante el NIF.
• Centro, identificado mediante un número NIMA.
• Inscripción, identificada por su tipo y número de registro. 

La norma afecta a productores de residuos, gestores, transportistas, agentes, negociantes, plataformas logísticas, sistemas de responsabilidad ampliada del productor y demás actividades sujetas a autorización o comunicación previa en materia de residuos. 

La norma no establece una obligación adicional de inscripción para las empresas. La incorporación de los datos al Registro será realizada por las comunidades autónomas a partir de las autorizaciones y comunicaciones previas presentadas por los operadores. No obstante, los productores y gestores de residuos deberán verificar que la información comunicada a la Administración sea correcta y se encuentre debidamente actualizada.

Las comunidades autónomas dispondrán de un plazo de 12 meses para adaptar sus bases de datos a la nueva estructura y contenido del Registro establecidos por este Real Decreto.